El Fiscal Mayor de la ciudad de Ushuaia, Eduardo Urquiza, habilitó el inicio de una causa penal para investigar al ex presidente de la Dirección Provincial de Energía (DPE) y actual subsecretario de Seguridad Urbana de la Municipalidad de Ushuaia, Alejandro Ledesma, junto a otros cuatro empleados del ente, por presuntas irregularidades en licitación pública por compra de materiales para el ente autárquico.
El representante del Ministerio Público imputó en la causa a Ledesma, a la jefa de Departamento Administrativo Contable de la DPE, Patricia Valencia; al jefe de División Administrativo Contable de la DPE, Oscar Iasich; y a Javier Dos Santos y Mario Medina, trabajadores del sector del pañol; según se desprende del requerimiento.
También podrían ser investigados los directivos de la empresa privada Ingeniería 65 SRL, adjudicatarios de la licitación pública por materiales para la DPE por $2 millones que nunca habrían sido entregados.
Aunque el fiscal se reservó la posibilidad de realizar más adelante una calificación legal definitiva de los hechos, deslizó que debería investigarse desde la presunta violación de los deberes de funcionario público, hasta una defraudación en perjuicio de la administración pública y la falsificación de documentos.
De acuerdo al relato de los hechos efectuado por el propio fiscal, el origen de la causa es la resolución 774/19 de la DPE, que aprobó el pliego de bases y condiciones para la adquisición de “empalmes y conectores terminales de 13,2 y 33KV para el pañol del Departamento de Distribución”.
A raíz de ello se realizó la licitación 21/2019 que estableció un plazo de entrega de la mercadería de 45 días luego de la adjudicación, y un período de pago de 30 días posterior a que efectivamente fueran recibidos los elementos. Ingeniería 65 resultó adjudicada el 1 de noviembre de 2019, por un monto de $2.071.997.
Sin embargo, en la denuncia consta que el 8 de noviembre recibió un pago adelantado de $1,7 millones y que el 13 de diciembre recibió el saldo de la operatoria, mientras que el 5 de febrero figura una nota de los responsables del pañol preguntando cuándo se recibirán los artefactos adquiridos.
Según figura también en un informe del Tribunal de Cuentas, que intervino en el caso, el pago se debería haber realizado contra la entrega de los productos, mientras que la DPE “no estaba autorizada” para efectuar un anticipo financiero.
La fiscalía le adjudica a uno de los empleados imputados, haber recibido una copia de un remito que dio lugar a la cancelación de los pagos, en lugar de haber recibido el remito en original.
“La empresa presentó por mesa de entradas de la DPE el remito que presupone la entrega de los materiales por parte de la contratista. Sin embargo no se corroboró la recepción de los mismos. Se completó el pago total estipulado en la licitación pública pese a no haberse recibido por parte de la DPE ninguno de los materiales comprendidos en la licitación”, sostiene el requerimiento fiscal.
Otro elemento valorado consiste en que el 3 de marzo de este año, cuando la DPE intimó a la empresa para que entregue los materiales, la firma respondió que podía hacerlo “en etapas”, lo que presupone que no los habría entregado hasta el momento.
Además, la fiscalía sostiene que el 29 de julio, la empresa finalmente se presentó ante la DPE para entregar la mercadería, pero los productos “no fueron aceptados por no coincidir con los de la licitación”.
En este punto, le imputa a otro de los empleados, haber intentado recibir los productos en ausencia de su jefe, para intentar mejorar la situación de su pareja, que es una de las jefas administrativas involucradas en el expediente, según se desprende de la documentación judicial.