Vuoto le pagó a través de su jefe de gabinete más de 400 mil pesos a uno de los procesados por la estafa de casas de ATE

De acuerdo a información divulgada en el Boletín Oficial de la Municipalidad de Ushuaia el 21 de septiembre, el actual jefe de Gabinete, David Ferreyra, firmó el 23 de julio de 2019 la Resolución de la Secretaría de Hacienda y Finanzas N° 4369/19, mediante la cual se aprobada y autorizaba el pago por 440 mil pesos por la contratación de tres cuadrillas con cuatro operarios y un vehículo para cada uno de ellos, en beneficio de Erik Enrique Panozo Moscoso, casualmente uno de los procesados por la estafa de viviendas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a su secretario general, Carlos Córdoba. 

El artículo 1° de la citada Resolución, que aprueba el gasto por la suma mencionada, corresponde “al incremento del 35% de la Orden de Compra N°923/2018, referente a la contratación de tres (3) cuadrillas, con cuatro (4) operarios y un (1) vehículo cada una, destinadas a tareas de reconstrucción, reparación, refuncionalización y acondicionamiento de plazas y espacios públicos, sistema pluvial, veredas y senderos peatonales, escaleras, sendas de accesos zonas en proceso de urbanización y reconstrucción, bacheo y reparación de calzadas del ejido urbano durante el período comprendido entre el 01 al 22 de junio del 2019”. 

Es dable recordar que recientemente Panozo Moscoso fue procesado por el juez Javier De Gamas Soler por lo que definió como un “plan criminal” a la maniobra orquestada para vender viviendas destinadas (originalmente) a afiliados de ATE y lograr el lavado del dinero resultante de dichas maniobras. Moscoso Panozo, particularmente, se encuentra procesado por lavado de activos y pesa sobre él un embargo que ronda los tres millones de pesos. 

Suponiendo que aún ofreciendo el mejor presupuesto de distintas empresas ofertantes para los trabajos requeridos por el Municipio de Ushuaia: ¿Es legal que la Orden de Compra haya sido ganada por alguien que está procesado por lavado de dinero? Y si fuese legal, ¿ningún funcionario se preguntó por la legitimidad de asignar a un procesado el trabajo de refacción de plazas y espacios públicos? Intrigas que rondan en el Municipio pero que curiosamente nadie plantea.