Mientras en averiguaciones de personal técnico se determinó que tanto las paredes cuanto los pisos sólo fueron pintados de blanco, en tanto que las camas fueron donadas por la oficina local del PAMI (encabezada por Yésica Garay, militante del Frente de Todos); las telas situadas en el techo fueron contratadas a una empresa privada mientras que las instalaciones y soldaduras de oxígeno y aparatología fueron trabajadas por la Dirección Infraestructura Hospitalaria dependiente del Ministerio de Salud de la provincia; el intendente Vuoto optó por adjudicarse la obra y utilizar las instalaciones para exhibir un trabajo de manera política, convocando desde miembros del Poder Judicial hasta sindicalistas (algunos de los cuales trabajaron durante la campaña electoral para Gustavo Melella y frente a la apertura de paritarias prefirieron ir al choque negando el derecho de acceso a la salud tal como se vio en videos divulgados durante el mes de febrero).

Recientemente, en el Concejo Deliberante capitalino, se presentó un proyecto de Resolución en relación a los gastos por ayuda alimentaria, cómo el Municipio adquirió kits de diagnóstico que habían sido entregados primeramente al Hospital Regional Ushuaia, cómo se determinaba el desecho de residuos patológicos, cuánto costó la refuncionalización del Polideportivo de la ciudad o cuánto se gastó en contratar servicio de desinfección. Si bien algunas fuentes en estricto off the record sostienen que podrían haber sido más de cien millones de pesos, también militantes que responden al intendente Vuoto que pidieron reserva y anonimato total admiten que «de ninguna manera el Municipio puede justificar que haya costado ese dinero».

En este sentido, resulta extraño el silencio que la Sindicatura General del Municipio mantiene en este asunto. Si bien la función primigenia de dicho órgano es semejante a la de un Tribunal de Cuentas, con controles, auditorías e informes, no consta hasta el momento que haya habido algún pedido de explicaciones por parte de la Sindicatura cumpliendo con el rol que institucionalmente tiene asignado constitucionalmente.

Según la legisladora (que arrastra cuestionamientos sobre sus años de residencia en la ciudad de Ushuaia para ser funcionaria en una presunta violación de la Carta Orgánica Municipal de la que finalmente salió indemne), «uno de los planos en los que impacta la situación de emergencia es en las compras y contrataciones del Estado» y «es frecuente observar en el contexto actual la recurrencia a procedimientos de excepción para procurar los bienes y servicios que se requieren para atender las necesidades públicas».

«Estos procedimientos, que son aceptables en la medida que estén debidamente justificados, son un recurso para lidiar con las demandas imprevistas asociadas a la pandemia. Sin prejuicio de ello, debemos asegurarnos de que esos procedimientos sean utilizados precisamente para una respuesta eficiente y que tengan el control adecuado», prosiguió la parlamentaria.

Así como en materia de coparticipación y la presunta deuda que la provincia tiene con los municipios, el clan Vuoto olvida flagrantemente que hoy comparten espacio con Jorge Colazo, gobernador destituido, paradójicamente, por una deuda de coparticipación de la que parece haberse redimido; en materia de gastos por la pandemia Covid19 los Vuoto alzan la bandera de la transparencia contra el Gobierno provincial, transparencia que parece no existir en el Municipio de Ushuaia y de la que logran escabullirse sin dar explicaciones a los vecinos.